POSICIONAMIENTO DE LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA ACERCA DEL DESBORDAMIENTO DE LA PRESA DE JALES PERTENECIENTE A LA EMPRESA MINERA “CUZCATLÁN”, OCURRIDO EL PASADO 8 DE OCTUBRE DE 2018, SOBRE EL RÍO COYOTE QUE SURCA LOS TERRENOS DE CULTIVO DE LA COMUNIDAD ZAPOTECA DE MAGDALENA, OCOTLÁN, OAXACA.
 Boletín 059 | 01-02-2019 | 11:01:02



A más de tres meses del desbordamiento de la presa de “Jales” perteneciente a la empresa minera “Cuzcatlán”, ocurrido el pasado 8 de octubre de 2018, sobre el río Coyote que surca los terrenos de cultivo de la comunidad zapoteca de Magdalena, Ocotlán, Oaxaca, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, hace un llamado perentorio a las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Agricultura (SA), Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y a la Secretaría de Energías, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO), por las posibles violaciones a los derechos humanos a la salud, a la vida, al agua potable, a un medio ambiente sano, al trabajo y al desarrollo económico, social y cultural, causadas a las y los habitantes de las comunidades zapotecas de Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, San Felipe Apóstol, La Barda Paso de Piedra y San Pedro Apóstol, Oaxaca, las últimas cuatro participantes en el proceso de Consulta Indígena para la modificación del Decreto de Veda de 1967, que prohíbe el alumbramiento de aguas del subsuelo en esa región y que es presidido actualmente por la CONAGUA como autoridad responsable.

El día 8 de octubre de 2018, derivado de las intensas lluvias que cayeron en la región del los Valles Centrales de Oaxaca, se dio el desbordamiento de la presa de jales, propiedad de la empresa minera “Cuzcatlán “ que opera en la región de San José del Progreso Ocotlán, provocando que los residuos contaminantes en ella contenidos se derramaran en el cauce del río Coyote, el cual cruza los terrenos de la comunidad de Magdalena, Ocotlán, y provocando que las aguas de su caudal se matizaran de un color blanquecino.

Ante tal circunstancia y debido a que regularmente dichas aguas son utilizadas para consumo humano, animal y riego de cultivos, las autoridades de las comunidades antes señaladas manifiestan su temor de que estas reservas acuíferas se encuentren contaminadas, por lo que, atendiendo a las quejas de sus representados, se presentaron ante este organismo público para demandar la atención inmediata a su problema por parte de las instancias oficiales correspondientes. Esta Defensoría emitió medidas cautelares y convocó a los titulares de las instituciones, referidas en el proemio del presente escrito, para que acudieran a una reunión en la sede de esta Defensoría, a fin de que escucharan los planteamientos de las autoridades de las comunidades afectadas y se tomaran los acuerdos pertinentes para encaminar la solución de este problema. Cabe señalar que las localidades se encuentran sumamente alarmadas por la posible contaminación de las aguas del río Coyote, por lo que acordaron no utilizarlas para nada y mejor comprar el agua de manera externa para el consumo de las personas y de los animales.

Al citatorio emitido por ésta Defensoría sólo se presentó una de las dependencias señaladas, que fue la Secretaría Estatal de Energías, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO) cuyo representante señaló no tener jurisdicción en el ámbito federal, las demás instituciones federales: Semarnat, Conagua, Sagarpa (hoy Secretaría de Agricultura) y la Profepa respondieron mediante oficios, que la problemática referente a la probable contaminación de las aguas del río Coyote no era un asunto de su competencia institucional y, por lo mismo, fueron omisas a las medidas cautelares emitidas, además de que tampoco acudieron a participar en la primera reunión de trabajo, efectuada el día 19 de octubre de 2018 en la sede de esta Defensoría.

Ante éste panorama, que generó mayor incertidumbre y temor a las comunidades afectadas, debido a la inasistencia de las autoridades federales, se convocó nuevamente a otra reunión para el día 24 de octubre de 2018 en la sede de esta Defensoría. A esta segunda reunión únicamente asistió un representante de la Conagua, quien informó que esa institución acudió a la presa de “jales” de la minera “Cuzcatlán” a realizar una inspección a través de la que pudieron valorar la problemática ocasionada por las intensas lluvias que, efectivamente, provocaron el derrame de los “jales” secos hacia el cauce del río Coyote, lo que ocasionó que sus aguas adquirieran un color blanquizco. Sin embargo, señaló, que hasta que se obtuvieran los resultados de los análisis de laboratorio (que esa institución realizó), no se sabría si realmente esas aguas estaban contaminadas, y si eran o no aptas para el consumo humano, animal o para el riego de cultivos, lo cual hasta ahora se ignora, toda vez que no se tiene información de dichos resultados.

Esta defensoría convocó a las dependencias ya mencionadas a una tercera reunión, el día 12 de noviembre de 2018 en la comunidad de San Pedro Apostol, a la que sólo acudió una representación de la Comisión Estatal del Agua (CEA), quienes señalaron no tener competencia por ser una problemática de orden federal y dentro de sus competencias realizaron estudios bacteriológicos del agua de los pozos de las comunidades afectadas, sin embargo señalaron que a través de dichos estudios no se podía evaluar los niveles de metales pesados existes, por lo tanto no se podría conocer si derivado del derrame de la presa de jales de la empresa minera “Cuzcatlán” hubo contaminación del río el “Coyote”. La CEA entregó el día 22 de noviembre los resultados de los estudios bacteriológicos.

Derivado de todo lo anterior, este organismo defensor de los derechos humanos solicita respetuosamente a la nueva administración del gobierno federal que ordene a los titulares de las instituciones federales involucradas que atiendan a la brevedad este grave asunto, el cual ha generado afectaciones a las comunidades zapotecas, además de que los habitantes de estas poblaciones se han visto orillados a gastar sus escasos recursos económicos en la compra del vital líquido para sus necesidades de consumo. Por ello, la Defensoría demandó que de inmediato se generen las acciones necesarias para salvaguardar los derechos humanos de las personas que viven en estas comunidades indígenas del Valle de Ocotlán, Oaxaca.

En forma adicional, este organismo público exige que las autoridades gubernamentales de la administración pública federal y del estado de Oaxaca realicen una revisión exhaustiva de la concesión de explotación minera que tiene a su favor la empresa minera “Cuzcatlan”, a fin de que ésta se haga responsable de los diversos impactos nocivos al medio ambiente que está provocando con sus operaciones, ya que sin duda se está atentando en contra del derecho humano que tienen las y los habitantes de esa región a un medio ambiente sano, para ellos y para las generaciones venideras.

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