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 �Bolet�n 033 | 28-06-2018 | 09:45:34Twittear � Defensor�a emiti� una alerta temprana por violencia en proceso electoral � Estado debe garantizar seguridad y paz social durante comicios � Pide organismo defensor que implementen acciones para garantizar el derecho al voto en condiciones de seguridad La Defensor�a de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emiti� una alerta temprana ante el riesgo en que se encuentran en estos comicios no s�lo los candidatos a puestos de elecci�n popular y su entorno, sino periodistas, personas defensoras de derechos humanos, funcionarios y observadores electorales, as� como la ciudadan�a en general, por lo cual el organismo defensor demand� que el Estado, mediante las instancias que correspondan, garantice el derecho a la seguridad p�blica como medio para el ejercicio libre de los derechos humanos. Ante el anuncio del compromiso del gobierno estatal del reforzamiento de las medidas de seguridad con miras a los pr�ximos comicios, y en un esfuerzo para contribuir a estas medidas, el organismo defensor emiti� una Alerta Temprana, dirigida en primer lugar al presidente de la Rep�blica, para que implemente las acciones necesarias tendientes a garantizar el derecho al voto en condiciones de seguridad para todas las personas que habitan en el estado de Oaxaca. Adem�s, la Defensor�a solicit� al gobernador constitucional del estado de Oaxaca que instruya a los titulares de las dependencias estatales para que, en el �mbito de sus respectivas atribuciones, implementen mecanismos eficaces para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y la integridad f�sica y emocional de la ciudadan�a. El organismo defensor tambi�n le requiri� a la Secretar�a de Seguridad P�blica (SSP) implementar las acciones necesarias para ofrecer las condiciones adecuadas de seguridad que garanticen la paz p�blica y la integridad f�sica de todas y todos los contendientes a puestos de elecci�n popular, as� como a periodistas, personas defensoras de derechos humanos, funcionarios y observadores electorales, adem�s de la ciudadan�a en general. Asimismo, la Defensor�a solicit� que se coordinen las acciones necesarias tendientes a que los elementos de los cuerpos de seguridad con que cuenta la SSP sujeten su actuaci�n a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. En cuanto a los recientes homicidios de candidatos electorales, la Defensor�a de los Derechos Humanos tambi�n pidi� a la Fiscal�a General del estado que inicie las carpetas de investigaci�n por los delitos que resulten de estos actos de violencia, y por medio de los representantes sociales y la Agencia Estatal de Investigaciones se practiquen las diligencias necesarias para integrar los legajos de investigaci�n a la mayor brevedad posible y, en su caso, se judicialicen. La instituci�n aut�noma tambi�n solicit� que, dentro de las carpetas de investigaci�n que abra la Fiscal�a, se dicten las medidas de protecci�n que corresponda, para garantizar la integridad y seguridad de los candidatos que han resultado lesionados por agresiones. La Defensor�a manifest� su preocupaci�n por la ola de violencia e inseguridad en el estado, y espec�ficamente, los homicidios, amenazas y dem�s actos de intimidaci�n que puedan ejercerse contra candidatos a puestos de elecci�n popular, ya que inhiben la participaci�n de la ciudadan�a en el proceso de votaciones. Por ello, el organismo aut�nomo hizo un llamado al Estado debido a que se hace indispensable que, por medio de sus instancias, asuma la responsabilidad de proteger a los candidatos a puestos de elecci�n popular, as� como a sus familias, contra la intimidaci�n y los ataques desde cualquier �mbito, pues un homicidio, agresi�n o amenaza cometido contra cualquier candidato es un ataque directo contra la democracia y el Estado de Derecho. El organismo defensor reiter� que las personas defensoras de derechos humanos necesitan contar en el estado con las garant�as efectivas y adecuadas que goce dicho colectivo para realizar libremente sus actividades, pues ellas y ellos, desde distintos sectores, brindan aportes fundamentales para la vigencia y fortalecimiento de las sociedades democr�ticas. La Defensor�a se�al� que no debe pasar inadvertida la posibilidad de que el citado proceso electoral pueda conllevar conflictos sociales e incrementar el riesgo de los habitantes del estado, y en particular, de las personas defensoras de derechos humanos que, en el ejercicio de su labor, se han visto involucradas e interesadas en que el referido proceso electoral se lleve con absoluta transparencia, exigiendo el cumplimiento de derechos. Agreg� que tampoco debe pasar inadvertido que, en un Estado democr�tico, la seguridad es un factor coadyuvante al bienestar social y a la calidad de vida; adem�s de que el concepto de seguridad no debe estar circunscrito �nicamente a la prevenci�n o persecuci�n del delito, sino orientado a promover la salvaguarda y garant�a de todos los derechos humanos. Por lo anterior, la Defensor�a consider� que, adem�s de garantizar la seguridad para los candidatos a puestos de elecci�n popular, sus colaboradores, la ciudadan�a y personas defensoras de derechos humanos, tambi�n debe propugnarse por la seguridad de los periodistas que, en ejercicio de su labor, cubrir�n el multicitado proceso electoral. La instancia defensora insiste en que la protecci�n e independencia de los periodistas es un motor para la circulaci�n de las ideas y la informaci�n en el ejercicio de la libertad de expresi�n, a trav�s de los medios de comunicaci�n social; y una condici�n para la existencia de las sociedades democr�ticas, las cuales, en la actualidad, debieran dar su justo valor y protecci�n a la labor de los medios de comunicaci�n y a los periodistas. La Defensor�a expuso que ha documentado en el estado conflictos entre agencias y cabeceras que requieren de un redise�o institucional. Cit� como ejemplo las comunidades de Tierra Negra, San Juan Mazatl�n Mixe; San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe y su conflicto contra Tamazulapan del Esp�ritu Santo Mixe; San Juan Quiahije y San Jos� Ixtapan, Santa Catarina Juquila, San Dionisio del Mar y San Francisco del Mar. Los citados, entre otros casos, implican la necesidad de reforzar los mecanismos de seguridad, ante el riesgo latente de que la coyuntura electoral pueda generar desestabilizaci�n o enfrentamientos que afecten los derechos de la ciudadan�a, puntualiz� el organismo defensor. A�adi� que no pueden descartarse las pr�cticas nocivas y los vicios que se han acrecentado tambi�n en este tipo de comicios, como la compra y coacci�n del voto, la persistencia de cacicazgo en algunos lugares, o la b�squeda del poder y el dinero en vez del servicio a la comunidad. Estas malas pr�cticas, enfatiz� la instancia aut�noma, ponen en considerable situaci�n de riesgo a la ciudadan�a en general. Debido a esto, no deben descuidarse las obligaciones del Estado Mexicano en sus diferentes �mbitos de competencia, como lo son: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, as� como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, concluy� la Defensor�a. 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