“Sabemos que la injusticia y la arbitrariedad, como las serpientes, prefieren los pies descalzos del pueblo pobre. Por ello, la primera instrucción para la nueva Defensoría Regional de Putla Villa de Guerrero es apropiarse de la misión superior de i
Texto íntegro de la participación del Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, en la inauguración de la Defensoría Regional en Putla de Guerrero, el 4 de julio de 2015
 Boletín 181 | 06-07-2015 | 15:34:24



Amigas, amigos, hermanas y hermanos en nuestra aspiración a un mundo mejor para todas y todos:

Nos congregamos aquí por la memoria, por la indignación y por la esperanza.

Por la memoria, porque no olvidamos las graves violaciones a derechos humanos que se han vivido y se viven en este distrito. Porque no olvidamos la intolerancia y la violencia contra las y los habitantes de Valle del Río San Pedro, su gravoso viacrucis y las nuevas crueldades de su exilio en la Cañada del Curtidor; porque no olvidamos las afrentas permanentes a Santa Catarina Yosonotú; porque tenemos presente la detención arbitraria, la tortura y los asesinatos contra habitantes de San Pedro Yosotato; porque recordamos el fuego, la sangre y la muerte derivadas del conflicto entre Zimatlán de Lázaro Cárdenas y San Sebastián Nopalera; porque no olvidamos a Bety Cariño y Jyri Jaakkola, ni la brutalidad, el terror y la crueldad de las atrocidades paramilitares en Santo Domingo Ixcatlán.

Nos congregan hoy esta memoria, la indignación ante esos hechos, la rabia por lo que nunca debió suceder, pero también nos reúne la esperanza, la certeza de que podremos construir una nueva realidad, la esperanza en la sabiduría del pueblo que se organiza, la esperanza en que la sangre derramada por la sinrazón y la barbarie regarán las semillas de la justicia y la paz.

Pero para arribar a esa aspiración, entonces, es necesaria la memoria, y ésta debe asentarse en el derecho del pueblo a conocer la verdad. Sólo mediante el cumplimiento cabal del derecho a la verdad lograremos conjurar la noche larga y oscura que hoy amenaza con abatirse sobre nosotros, no sólo en este distrito, sino en Oaxaca todo. Augurio de esa oscuridad son, por ejemplo, los recientes hechos en el cerro del Fortín, donde un grupo de choque agredió a manifestantes pacíficos frente a la inacción gubernamental.

Sólo la claridad sobre lo que ha sucedido, sobre quiénes han sido víctimas de violaciones a derechos humanos y quiénes los victimarios, podrá convertir el atardecer, la amenaza de los tiempos oscuros, en una madrugada que anuncia al alba. Por eso es especialmente relevante la existencia y el trabajo de quienes hoy se empeñan en desentrañar la verdad, para guardar la memoria; por eso es imprescindible que recuerden, que recordemos. Porque es nuestra forma de ayudar a que amanezca, como escribió Rosario Castellanos. Recuerden, recordemos, hasta que la justicia se siente entre nosotros.

Haciendo una paráfrasis sobre ideas de monseñor Óscar Arnulfo Romero, sabemos que la injusticia y la arbitrariedad, como las serpientes, prefieren los pies descalzos del pueblo en situación de pobreza. Por ello, la primera instrucción para la nueva Defensoría Regional es apropiarse de la misión superior de identificarse con la gente que padece esa condición, de ser con la población en situación de pobreza, de ser en la comunidad que padece la pobreza. Sólo así encontrará su sentido profundo; sólo así conjurará el riesgo de convertirse en una oficina más, en cuatro paredes, en un cascarón vacío como tantos otros.

Esta primera misión se cumplirá en el reconocimiento de las y los defensores comunitarios de derechos humanos; en el reconocimiento del estatus de defensoras y defensores para los pueblos y comunidades que se identifican como sujetas de derechos y se organizan para hacerlos valer.

Porque las personas que llegan agraviadas a buscar el respaldo de esta Defensoría son, por lo general, de las más pobres entre las pobres. La pobreza acendrada que se vive en Oaxaca es en sí misma garantía cabal de incumplimiento de los derechos humanos, puesto que implica la ausencia de los satisfactores considerados mínimos para una vida digna, tutelada por el derecho internacional de los derechos humanos y por nuestros ordenamientos nacionales y estatales.

La pobreza es, además, síntoma y caldo de cultivo propicio para la corrupción, la impunidad, el caciquismo y con todo ello la violación de distintos derechos políticos, sociales, económicos y culturales. Desde el marco legal de la Defensoría y desde nuestra vocación, una transformación real y profunda en nuestra sociedad será posible no sólo mediante las necesarias acciones correctivas, una vez que ya se ha violado algún derecho, sino también a través de un cambio social estructural, porque son estructurales la miseria y los sistemas perversos de relaciones políticas y económicas que la permiten. Porque es estructural la corrupción y es estructural la violencia que usa el actual sistema político para impedir que nuestra sociedad goce cabalmente de sus derechos.

Esa transformación estructural sólo será posible si ustedes, si nosotras y nosotros, si todas y todos, vislumbramos nuestras propias capacidades para ser, parafraseando nuevamente a monseñor Romero, sujetos de nuestro propio desarrollo, protagonistas de la historia; no masa pasiva y conformista, sino personas con capacidad de poner nuestra inteligencia y creatividad en la voluntad para el servicio común de la patria. Esta transformación estructural será posible sólo si tenemos la capacidad de construir y modificar las instituciones desde la ciudadanía.

Aprovecho este espacio para animar a las autoridades locales, y a las estatales que actúan en la región, a que respeten y garanticen el trabajo de las defensoras y defensores comunitarios de derechos humanos, a que respeten y garanticen los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, de niñas, niños y adolescentes.

Animarles a que comprendan que la apuesta por los derechos humanos es una apuesta por la gobernabilidad, pues la obligación de los gobiernos para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos no es sólo un compromiso legal y ético ineludible. Hoy, el cumplimiento de ese mandato está intrínsecamente ligado a la gobernabilidad, no entendida sólo como la mera ausencia de conflictos, sino a la confluencia de las condiciones necesarias para la estabilidad institucional y política que permiten el cumplimiento del Estado de derecho, y la eficacia en la administración y la toma de decisiones que posibilita a las instituciones brindar las respuestas adecuadas a la demanda de una sociedad sólida, consciente y participativa.

La gobernabilidad, así, incluye entre sus componentes a la buena gobernanza. Y este nuevo concepto, nos advierte Naciones Unidas, implica la equidad, la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el Estado de derecho, de modo que sea efectivo, eficiente y duradero. También es el escenario para la distribución equitativa de los beneficios del crecimiento.

Las sociedades con buena gobernanza, y parafraseo ahora a las Naciones Unidas, tienen menos probabilidades de sufrir por la violencia y la pobreza, pues cuando se permite hablar a los excluidos y se protegen sus derechos humanos, será menos probable que recurran a la violencia como solución. Además, cuando las personas pobres tienen voz y capacidad de incidir en los asuntos públicos, es más posible que la acción gubernamental implique políticas que reduzcan la pobreza.

De no hacerlo se enfrentarán con nosotros. Y no estaremos solos, sino de la mano de este pueblo activo y consciente, dispuesto a frenar a cualquier agente que apueste por la violencia, dispuesto a rechazar a quienes promuevan la violencia para lograr sus objetivos políticos o económicos; de esta ciudadanía dispuesta a cerrar la puerta a la violencia y abrirla al diálogo; a hacer valer su vocación por la paz.

Por eso mi instrucción directa a nuestra nueva defensora regional para trabajar de la mano con la ciudadanía; no en el sentido de tender puentes, sino de hacer un solo cuerpo frente a los abusos del poder, de incorporarnos a su lucha por la justicia, contra la impunidad, por la democracia.

Porque democracia y derechos humanos son un binomio indivisible. Los derechos humanos son un prerrequisito para la democracia, de manera que ésta no puede existir en ausencia de aquéllos. Es así de sencillo y no tiene vuelta de hoja: sin respeto a los derechos humanos no hay democracia. Cualquier otra aserción es demagógica. Y sin democracia, ya lo dijo Octavio Paz, “Sin democracia, la libertad es una quimera”. Por ello, cualquier político que se precie de demócrata debería comenzar por trabajar para garantizar el cumplimiento cabal de los derechos humanos. Algo distinto lo convierte, simplemente, en un demagogo.

Trabajemos, entonces, de la mano, para lograr esos altos objetivos. Justicia, democracia, paz. Sin derechos humanos, sin democracia, es imposible la paz digna, la paz duradera. Porque la paz que no emana de la justicia no es paz.

Muchas gracias.

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