Defensoría del Pueblo de Oaxaca
Defensoría pide sancionar a servidores públicos cuyas omisiones afectaron a adolescente que perdió la vista
 Boletín 147 | 02-06-2015 | 14:00:02



· Hace siete años, el joven fue gravemente afectado por una explosión

· Hubo violaciones al derecho a una investigación diligente y exhaustiva

· Justa reparación de los daños al agraviado, demanda organismo defensor

La Defensoría del Pueblo de Oaxaca pidió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) iniciar una averiguación previa contra dos servidores públicos que extraviaron un legajo de investigación y dilataron por omisiones la integración de dicha indagatoria, con lo cual vulneraron el derecho al debido proceso de D. M. M., quien pidió se investigará una explosión en su centro de trabajo que le provocó ceguera cuando tenía 15 años de edad.

El organismo emitió la recomendación 07/2015 porque se violaran los derechos al debido proceso y al derecho como víctima de D. M. M., pues servidores públicos dependientes de la PGJ no realizaron una investigación diligente y exhaustiva respecto a la denuncia que presentó ante el agente del Ministerio Público adscrito a Huautla de Jiménez.

En 2008, D. M. M. tenía 15 años y trabajaba como albañil en una casa particular, cuando ocurrió una explosión que le causó la pérdida total de la vista. Pese a eso, no recibió ningún tipo de apoyo del dueño de la obra, así como de la persona que lo contrató, por lo que los familiares acudieron al Ministerio Público de Huautla para interponer su denuncia por lesiones. La averiguación previa se consignó con el número 238(H. J.)/2008.

Al no haber avance en las indagatorias, familiares de D. M. M. acudieron en noviembre de 2009 a la Defensoría de los Derechos Humanos, donde por estos hechos se inició el expediente de queja CDDH/RSM/47/(22)/OAX/2009.

Mediante ese documento, el organismo defensor pidió al Juzgado Mixto de Primera instancia, con sede en Huautla, que consignara la averiguación previa, pero este respondió que no era posible porque faltaba la firma del agente de Ministerio Público.

Debido a que estas actitudes acreditaron violaciones a los derechos de la víctima, la Defensoría emitió una propuesta de conciliación en la que pedía a la PGJE practicar todas las diligencias necesarias para la integración de la averiguación previa. Esta resolución fue aceptada por la institución en mayo de 2011.

La Defensoría, en seguimiento del cumplimiento de la propuesta de conciliación, recibió en julio de 2014respuesta de la PGJE, la cual notificó la imposibilidad de dar cumplimiento a lo solicitado debido a que la averiguación previa se encontraba desaparecida, por lo que se había iniciado un proceso administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos correspondientes.

El organismo defensor indicó que en el expediente se acreditaron violaciones al derecho a una investigación diligente y exhaustiva.

Además, la Defensoría ve con preocupación que, pese a las constantes solicitudes del organismo para hacer respetar y resarcir el derecho violado, la Procuraduría solicitara a la institución autónoma dar por cumplida la propuesta de conciliación y archivar el expediente como un asunto concluido; esto, después de revelar la pérdida de la averiguación previa y el procedimiento administrativo.

La Defensoría subraya que, lejos de dar prioridad a la investigación, los servidores públicos de la Procuraduría intentaron cerrar el caso, cuando debieron darle mayor prioridad a la investigación, procurar que hubiera justicia para el agraviado y que éste obtuviera una justa reparación de daños.

El organismo defensor comprobó, además, violaciones al derecho de la víctima, pues no se le garantizó el acceso a la procuración y administración de justicia en forma oportuna, debido a que el Ministerio Público no fundó ni motivó su negativa para el desahogo de la prueba testimonial ofrecidas por familiares.

Asimismo, la autoridad no garantizó al agraviado ni a sus familiares el derecho al conocimiento de la verdad sobre los hechos investigados, ni el derecho a una investigación que trajera como consecuencia la identificación y sanción a las o los responsables, lo cual implicó que la víctima no tuviera acceso a la reparación del daño.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca recomendó a la PGJE que inicie averiguación previa en contra de los servidores públicos responsables del extravío de la averiguación previa en la agencia del Ministerio Público investigador, adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, y de ser procedente, se ejercite la acción penal respectiva.

Asimismo, la Defensoría requirió determinar en el plazo legalmente establecido el procedimiento administrativo de responsabilidad originado por el extravío de la averiguación previa ya mencionada.

La Defensoría exhortó a la PGJE girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen todas las acciones necesarias para que no queden impunes los delitos que se investigan en la averiguación previa 238(H. J.)2008 que fue extraviada, iniciándose a la brevedad la reposición de los autos de la indagatoria.

En la misma recomendación se solicitó, como medida de reparación del daño, que se cuantifiquen y se cubran los gastos que generó la atención médica del agraviado por la conducta delictiva que se dejó de investigar; así como también se brinde la atención médica y psicológica que requiera la víctima como consecuencia de las lesiones denunciadas; y además, se le otorgue el apoyo que requiera para garantizar su educación, asistencia social y vivienda, hasta en tanto se determine la averiguación previa respectiva.

El organismo autónomo instó a la autoridad a que realice un acto de reconocimiento de responsabilidad satisfactorio a favor de la víctima, mismo que deberá ser acordado con el agraviado y con la Defensoría.

Finalmente, la Defensoría pidió a la PGJE, como garantía de no repetición, que inicie procesos de formación dirigidos a todo el personal ministerial, en los que refrende la importancia de acatar las atribuciones y obligaciones legales que tienen por razón de su cargo, y la interiorización de los derechos humanos como forma de brindar un servicio público de mayor calidad y calidez a la sociedad.

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