Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
Acredita Defensoría violaciones a derechos humanos por hechos violentos en Eloxochitlán
 Boletín 112 | 05-05-2015 | 09:19:34



· Acreditó violaciones al derecho a la vida y la seguridad de la ciudadanía



· Segego, SSP, Procuraduría, SSO y ayuntamiento, señalados por omisiones



· Documentó organismo defensor falta de respuesta oportuna a conflicto





La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió su recomendación 2/2015 al acreditar violaciones a los derechos humanos de los pobladores de Eloxochitlán de Flores Magón por parte de autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y del ayuntamiento de esa comunidad, pues no atendieron de forma oportuna y eficaz el conflicto político-social que afrontaba la población y que derivó en hechos de violencia.



El 14 de diciembre de 2014, pobladores de Eloxochitlán realizaron una asamblea para elegir alcalde municipal, pero ocurrieron diversos hechos violentos entre dos grupos antagónicos, que se enfrentaron con armas blancas y de fuego. La disputa tuvo como saldo dos personas muertas y varias lesionadas por machetazos y disparos de armas de fuego.



Producto del enfrentamiento resultaron dañados diversos inmuebles y varios vehículos sin que hubiera una intervención de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad pública, ni por parte de la Secretaría de Seguridad Pública ni de la Procuraduría General de Justicia, aunque estas instituciones conocían el riesgo de que sucedieran actos de violencia.



El organismo defensor puntualizó que el conflicto subsistente en el municipio de Eloxochitlán tiene ya varios años, pues los grupos que se enfrentaron en diciembre de 2014 han tenido otros enfrentamientos en años anteriores, a causa de disputas por espacios de poder, así como por inconformidades respecto del manejo de los recursos de la comunidad.



La Defensoría también encontró evidencias de que la Segego tenía conocimiento de los problemas sociales y políticos presentes en la comunidad. Sin embargo, pese a que dicha Secretaría estaba realizando una serie de reuniones interinstitucionales para atender el conflicto, la Defensoría no advierte que haya desplegado una participación activa y eficaz en busca de una solución satisfactoria para las partes.



El organismo autónomo señaló que la autoridad municipal no logró conciliar el conflicto ni generó acciones eficaces para que la población pudiera realizar sus actividades cotidianas en un ambiente de seguridad, paz, orden, respeto y tolerancia, ya que las diferencias de los grupos al interior de la comunidad derivaron en hechos de violencia.



Asimismo, la Defensoría señala que la Secretaría de Seguridad Pública omitió cumplir con eficiencia su responsabilidad de garantizar la seguridad de la población, pues aun teniendo información de que la inestabilidad política y social en la comunidad podría derivar en hechos de violencia, la institución no formuló un plan de acción para atender el asunto y minimizó la gravedad de la situación. Y al ocurrir los hechos de violencia, la SSP no tuvo una actuación rápida y coordinada con otras dependencias.



Con respecto a la Secretaría de Salud, la Defensoría documentó que las personas lesionadas por los hechos del 14 de diciembre al principio recibieron atención médica en una dependencia federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social ubicado en Huautla de Jiménez. Sin embargo, posteriormente las y los afectados dejaron de recibir atención adecuada sin que la autoridad estatal interviniera para garantizar su derecho a la salud.



La Defensoría documentó en los expedientes DDHPO/047/RSM/(22)/OAX72012, DDHPO/1644/RSM/(22)/OAX/2012 y DDHPO/ 1668/(22)/OAX/2014 violaciones al derecho a la vida, así como a los derechos a la seguridad ciudadana, a la educación, a la salud y al acceso a la información pública y transparente.



Ante estos hechos, el organismo defensor recomendó a la Secretaría de Seguridad Pública generar un plan a corto, mediano y largo plazo que permita restablecer el orden y la paz pública en Eloxochitlán, así como iniciar procedimiento administrativo en contra de los elementos y mandos de la Policía Estatal que resulten responsables de los actos y omisiones señalados.



La Defensoría pidió instruir a la Dirección de Planeación y Coordinación Interinstitucional para que, en sus procesos de formación dirigidos a los elementos de la policía estatal, analicen las circunstancias del caso Eloxochitlán a fin de lograr una mejor capacidad de reacción y respuesta en situaciones similares.



Además, el organismo autónomo pidió a la citada dirección que elabore y actualice los protocolos de actuación policial en los que se prevean situaciones similares, y que provea a los elementos de la policía estatal de equipo necesario, suficiente y en buenas condiciones para atender oportunamente este tipo de emergencias.



La Defensoría recomendó a la Procuraduría General de Justicia del Estado que inicien o determinen en los plazos legalmente establecidos los legajos de investigación o averiguaciones previas por los actos delictivos cometidos en la población de Eloxochitlán en diciembre de 2014.



La institución defensora de derechos humanos, con el objetivo de que no se genere impunidad, y sobre todo para garantizar a las víctimas el acceso a la justicia, pidió que las averiguaciones previas relacionadas con este conflicto e iniciadas con anterioridad sean determinadas de forma pronta. Además, urgió a la Procuraduría para que implemente protocolos de actuación para atender situaciones similares, a fin de que su personal operativo pueda actuar de forma idónea y evite re-victimizar a las y los agraviados.



La Defensoría instó a que dentro de un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la aceptación de la recomendación, se inicie procedimiento administrativo a los agentes del Ministerio Público y agentes estales de Investigación que hayan tenido participación en los hechos y determinar si incurrieron en responsabilidad con su actuación.



A fin de prevenir la repetición de sucesos similares a los de Eloxochitlán, la Defensoría exhortó a la Procuraduría para que su Dirección de Inteligencia y Análisis Táctico elabore protocolos de inteligencia relativos a la operatividad de sus agentes de investigación, a fin de prevenir por regiones o municipios actos probablemente delictivos. Además, el organismo autónomo pidió que la Procuraduría remita un informe bimestral respecto a sus exámenes de confianza.



Al ayuntamiento de Eloxochitlán de Flores Magón, la Defensoría le requirió que inicie procedimientos administrativos de responsabilidad en contra de los elementos de la policía municipal y demás servidores públicos del municipio que pudieron haber incurrido en acciones u omisiones respecto a este conflicto.



La Defensoría llamó a esa autoridad municipal para que en un plazo no mayor a 30 días hábiles inicie un proceso de formación permanente en materia de derechos humanos para todos los integrantes del ayuntamiento de Eloxochitlán, en especial sobre las facultades y atribuciones de los elementos de la policía municipal, así como que instituya programas de formación para esos elementos policiales en las materias de uso legítimo de la fuerza pública y de libertad de expresión.



A petición de la Defensoría, las autoridades municipales, en coordinación con las demás instancias de gobierno, deben realizar las acciones necesarias para garantizar una convivencia armónica en los habitantes de ese municipio, con estricto respeto a los derechos humanos y a los sistemas normativos internos.



Respecto a la Secretaría de Salud, la Defensoría recomendó que brinde atención médica de calidad a las personas lesionadas durante los hechos violentos del 14 de diciembre de 2014 en Eloxochitlán, y que brinde tratamiento psicológico a las personas que directa o indirectamente sufrieron lesiones a sus derechos humanos.



El organismo autónomo también pidió a esa Secretaría iniciar procedimiento de responsabilidad en contra de los servidores públicos de esa dependencia que pudieron haber incurrido en omisiones respecto a la atención médica que debían proporcionar a los lesionados, y urgió a la entidad para que establezca un protocolo de actuación administrativo-médico que permita, en casos similares, garantizar el acceso a los servicios de salud de forma oportuna y con calidad.



Asimismo, la Defensoría requirió a la Secretaría de Salud que, en un plazo de quince días hábiles contados a partir de la aceptación de la recomendación, informe sobre el mecanismo aplicado para dar cumplimiento a los acuerdos que dicha Secretaría asuma con la Defensoría en el ejercicio de sus funciones.



A la Segego, la Defensoría del Pueblo le solicitó que realice mesas de diálogo con las partes del conflicto para atender las necesidades de la población y coadyuvar en el restablecimiento del tejido social y las relaciones armónicas en la comunidad, con el propósito de que no vuelvan a suscitarse hechos de violencia.



La institución defensora también instó a que la Segego elabore un plan integral para atender las problemáticas político-sociales que se presentan en Oaxaca, con la participación de todas las instancias del poder Ejecutivo, atendiendo a los antecedentes de conflictos sociales en el estado.



La Defensoría llamó a la Secretaría General de Gobierno a encauzar los problemas que surjan en la comunidad de Eloxochitlán para que estos se resuelvan con apego al orden jurídico vigente, a fin de garantizar la gobernabilidad en ese municipio.

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