El derecho de los pueblos originarios implica también el ejercicio de su cultura, lengua, alimentación, justicia, es decir, todo aquello que constituye la razón de ser de un pueblo.
DDHPO, CIDH, ONU-DH, organizaciones de la sociedad civil y academia impulsan agenda por la libre determinación de pueblos y comunidades indígenas
 Boletín 032 | 03-06-2022 | 15:40:52



La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, en coordinación con representantes de organizaciones, pueblos y comunidades indígenas y afromexicana, así como personas académicas realizaron el coloquio “Libre determinación de los pueblos indígenas”.

En este marco, los organismos defensores de derechos humanos, las agrupaciones de la sociedad civil y la academia refrendaron su compromiso de impulsar una agenda que reconozca jurídicamente la libre determinación de pueblos y comunidades indígenas en materia de tierra y territorio en México y Oaxaca.

En este sentido, la Comisionada y Relatora para México de Pueblos Indígenas de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño y el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado Castro, destacaron la importancia de establecer un marco constitucional que reconozca el ejercicio de la autonomía sobre la tierra y territorio de los pueblos y comunidades indígenas.

En su oportunidad, el titular de la DDHPO Bernardo Rodríguez Almilla indicó que el coloquio tuvo como objetivo promover el pleno goce y respeto al derecho de la libre determinación de los pueblos indígenas y afromexicana en materia de tierra y territorio.

Indicó que, pese a la infinidad de tratados firmados y ratificados por México, es preocupante que aún existen importantes pendientes del Estado mexicano, en el ejercicio de la justiciabilidad a la libre determinación de los pueblos originarios y afromexicanos.

Acompañado por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO), Eduardo Pinacho Sánchez; la presidenta de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura en el Congreso del Estado, Mariana Benítez Tiburcio; la directora de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Nidia Soledad Martínez Esteva; el investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez Rivas; el investigador del CIESAS Pacífico Sur, Víctor Leonel Juan Martínez, el ombudsperson aseguró que es fundamental transitar del reconocimiento formal de los derechos humanos y de sus principios, a su aplicación efectiva.

Agregó que, el derecho de los pueblos originarios a su libre determinación va más allá de sus tierras, territorios y recursos naturales, pues este derecho implica también su cultura, lengua, alimentación, justicia, es decir, todo aquello que constituye la razón de ser de un pueblo.

Agradeció la suma de esfuerzos entre la DDHPO, Servicios del Pueblo Mixe A.C.; FUNDAR Centro de Investigación de Análisis e Investigación; Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía; Fundación para el Debido Proceso–DPLF; el Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM; el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social PLURAL CIESAS; Programa Pluralismo Jurídico & Eficacia de Derechos; el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y el Consejo Estatal de Derechos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, para la realización del coloquio.

En la presentación del informe “Derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales”, la Comisionada y Relatora para México de Pueblos Indígenas de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño detalló que el informe identifica y reconoce la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos.

“El informe es la respuesta a las demandas de los pueblos indígenas y tribales a lo largo de todo el continente americano respecto a la libre determinación de su tierra y territorio, pues éste aborda el alcance y contenido de las prácticas, experiencias, iniciativas y los desafíos a los que se enfrentan”, indicó.

Agregó que el documento reconoce el derecho existente, preexistente y original de los pueblos, comunidades indígenas y tribales, el cual tiene que entenderse desde un enfoque de carácter reparador, es decir, que subsana las violaciones históricas y sistemáticas que sufrieron.

Asimismo, indicó que el informe hace una serie de recomendaciones a los Estados, entre las cuales se encuentra: incluir el respeto al derecho de los pueblos indígenas y tribales a ejercer de una manera práctica, efectiva el derecho a la libre determinación, en el marco de sus propios procedimientos, instituciones y concepciones del mundo.

Además de adoptar y reforzar las medidas necesarias para el reconocimiento y funcionamiento de este derecho; la necesidad de espacios de diálogos respetuosos; así como proporcionar recursos financieros y otros recursos necesarios para su procedimiento, entre otros.

En tanto, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado Castro destacó que el informe contiene disposiciones sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, mujeres, educación, salud, alimentación, sistemas normativos, migración indígena, entre otros.

Y puntualizó que el documento recaba la experiencia de los pueblos indígenas, pues es un instrumento que reconoce con mayor claridad a los pueblos indígenas de manera individual y colectiva como sujetos de derechos.

Al término de la presentación del informe se llevó a cabo el diálogo: “Retos en Oaxaca para la implementación de la libre determinación de los pueblos indígenas”, en el cual participaron los integrantes de SER A.C, Basilio Gutiérrez Jiménez e Isaí Jiménez García; del Consejo Estatal de Derechos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (CEDIAO); el coordinador Regional del Consejo Estatal de Derechos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (CEDIAO), Mauro Cruz Hernández; la colaboradora de Defensora de Tierra y Territorio de la Meseta Purépecha-ALDEA, María América Huerta Espino y el integrante de la Fundación para el Debido Proceso, Daniel Cerqueira.




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