La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca reiteró el llamado a las autoridades de procuración y administración de justicia, de garantizar el derecho a la verdad, reparación y garantías de no repetición
Verdad, justicia, reparación y no repetición derechos irrenunciables en caso Alexander: DDHPO
 Boletín 024 | 31-03-2022 | 10:03:43



La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) afirmó que, en el caso de Alexander Martínez Gómez es indispensable garantizar el acceso a la plena justicia, para familiares y para toda la comunidad de Acatlán de Pérez Figueroa, donde, de acuerdo con los resultados de las investigaciones efectuadas por la DDHPO, se registró la ejecución arbitraria del adolescente por parte de elementos de la policía municipal.

El organismo autónomo precisó que el pronunciamiento está dirigido a la actuación de las autoridades en materia de derechos humanos y no respecto de la comisión de delitos por particulares, ya que para ello existen las instancias de procuración y administración de justicia competentes.

Luego que se diera a conocer que el Tribunal de Enjuiciamiento de la Región de la Cuenca absolvió al elemento policial imputado por el homicidio de Alexander, este organismo autónomo se pronunció porque --siendo respetuoso de la autonomía de los jueces—se tomen en cuenta los estándares internacionales en la materia, para garantizar el acceso efectivo a la verdad, justicia, reparación y mecanismos de no repetición para las víctimas directas e indirectas.

Y es que, este caso debería sentar un precedente respecto al uso ilegal de la fuerza que deriva en actos irreparables de violaciones a derechos humanos, por lo que resulta grave y preocupante que, en este hecho, el sistema de procuración y administración de justicia no exprese todos los elementos que configuran el conocimiento de la verdad.

En todo caso, la impunidad genera una condición de vulnerabilidad para las víctimas indirectas, así como para toda la población donde ocurrieron los hechos, más aún, provoca un sentimiento de indefensión y de repetición de actos que violentan gravemente los derechos humanos.

Tan solo entre enero de 2021 y hasta febrero de este año, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha tenido conocimiento de 511 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por policías municipales, estatales y federales.

En este contexto, la Defensoría advirtió que para combatir la impunidad y promover el Estado constitucional de Derecho es fundamental que las instituciones encargadas de procuración de justicia, cumplan con su obligación de investigar con debida diligencia los hechos relacionados con violaciones graves de derechos humanos, en tanto que el Poder Judicial promueva, desde su mandato constitucional, juicios justos, para lo cual es necesario la aplicación de sanciones acordes a la gravedad de los hechos que se prueben conforme a la observancia de los principios del debido proceso, en armonía con los derechos a la verdad y a la justicia.

Cabe destacar que, en el caso de Alexander, la DDHPO emitió la Recomendación 01/2021 preparada bajo altos estándares de derecho internacional, nacional y local, en materia de derechos humanos, la cual es el resultado de un extenso análisis de documentos, informes y dichos de los servidores públicos involucrados, así como de testigos, tanto de los agentes policiales que violaron normas fundamentales relativas a el uso de armas de fuego, como de los actos de la investigación penal en violación del principio de debida diligencia.

El documento recomendatorio consideró que se habría incurrido en violaciones al derecho a la vida mediante ejecución arbitraria, independientemente de que, en el ámbito del derecho penal se deba esclarecer el sentido de las conductas penalmente relevantes que son sometidas a su juicio.

Por lo anterior, la DDHPO reiteró el llamado a las autoridades de procuración y administración de justicia, de garantizar el derecho a la verdad, reparación y garantías de no repetición en este caso, tomando en cuenta que es deber de las autoridades de un Estado garantizar que las violaciones graves a los derechos humanos sean debidamente investigadas y juzgadas.



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