El ombudsperson oaxaqueño Bernardo Rodríguez Alamilla, afirmó que históricamente el trabajo infantil ha sido un pendiente para el Estado mexicano, y actualmente, se ha agravado por la pandemia de Covid-19.
Inicia Seminario “Prevención y erradicación del trabajo infantil”
 Boletín 011 | 11-02-2021 | 10:36:39



Ante la visible violación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que representa el trabajo infantil, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), las comisiones de los Derechos Humanos de Veracruz, Colima y Puebla, así como la Defensoría Universitaria de la UABJO y las organizaciones Sikanda, World Vision, a través de su programa Campos de Esperanza, arrancaron el Seminario Especializado “Prevención y erradicación del trabajo infantil”.

Durante el acto inaugural, el ombudsperson oaxaqueño Bernardo Rodríguez Alamilla, afirmó que históricamente el trabajo infantil ha sido un pendiente para el Estado mexicano, y actualmente, se ha agravado por la pandemia de Covid-19.

Acompañado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz, Namiko Matzumoto Benítez y sus homólogos de Puebla, José Félix Cerezo Vélez y de Colima, Roberto Ramírez, así como de la defensora Universitaria, Yarib Hernández García y el representante de Solidaridad Internacional Kanda (Sikanda), José Carlos León Vargas; el defensor apuntó que la crisis sanitaria representa una oportunidad para anteponer el interés superior de la niñez y reformar el contrato social.

Refirió que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019, Oaxaca registró la mayor tasa de adolescentes de entre 15 y 17 años que realizaban ocupaciones peligrosas, con un 31.2 por ciento, lo que significa que las personas en dicho rango de edad que laboran, lo hacen en ocupaciones o sectores peligrosos, en horarios prolongados o nocturnos, o con exposición a riesgos.

“La medición amplia del trabajo infantil en actividades económicas no permitidas comprende dos grupos de población: quienes trabajan a pesar de tener una edad menor a la permitida y quienes teniendo la edad mínima legal para trabajar, lo hacen en sectores económicos y ocupaciones peligrosas y/o prohibidas; y en horarios prolongados de acuerdo con lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo”, apuntó.

Y añadió que entre 2017 y 2019 el trabajo en niñas, niños y adolescentes entre cinco y 17 años se incrementó en 27 mil 345, de tal forma que uno de cada diez niñas, niños y adolescentes en México se encuentra en situación de trabajo infantil.

Por ello, sostuvo, el presente seminario se dirige a fortalecer los conocimientos en torno a las definiciones de trabajo infantil, marcos legales vinculados a este fenómeno, así como los mecanismos y políticas públicas para su prevención y erradicación.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz, Namiko Matzumoto resaltó la obligación de las autoridades de prevenir, atender y sancionar los casos de niñas, niños y adolescentes que son obligados a realizar trabajos peligrosos o contra su voluntad.

Reconoció que, si bien existe un marco normativo adecuado, se requieren políticas públicas y acciones de Estado que transformen la realidad, de ahí la importancia de sumar esfuerzos entre distintas instituciones y de diversas partes del país.

Por su parte, el titular de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, José Félix Cerezo Vélez se pronunció por la creación de programas y estrategias que protejan y garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Apuntó que en el mundo se estiman que trabajan 218 millones de niñas, niños y adolescentes, mientras que en México la cifra alcanza los 3.3 millones de personas en rango de edad de entre cinco y 17 años.

Señaló que la pobreza es un detonante que incide en el trabajo infantil, por lo que se deben fortalecer las políticas públicas y estrategias para garantizar una vida digna a niñas, niños y adolescentes, así como a personas adultas y adultos mayores.

En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Colima, Roberto Ramírez afirmó que se requiere direccionar la atención a la problemática del trabajo infantil, así como generar criterios que permitan resolver el problema, visible todos los días y en todos lados.

Por su parte, la defensora de los Derechos Universitarios, Yarib Hernández García apuntó que la primera emisión del Seminario tiene como objetivo fortalecer los conocimientos de las y los servidores públicos de organismos defensores de derechos humanos, en torno al trabajo infantil.

Destacó que a lo largo de 12 sesiones se conceptualizará el trabajo infantil y los derechos humanos, la erradicación del trabajo infantil, además de que se ofrecerán dos conferencias vinculadas.

El representante de Sikanda, José Carlos León Vargas, resaltó que no se podrá dar pasos contra el trabajo infantil, si desde las instancias defensoras de derechos humanos no se colabora de manera conjunta, por lo que celebró el arranque de este seminario.

Reiteró que el trabajo de la organización se ha centrado en zonas con bajos índices de desarrollo humano, como las colonias asentadas en inmediaciones del basurero municipal, desde donde y en toda la entidad, el trabajo infantil está normalizado.

Apuntó que, de acuerdo con estudios de la Organización Internacional de Trabajo, erradicar el trabajo infantil en el mundo repercutiría en el aumento de un 10 por ciento del Producto Interno Bruto, además de que generaría un alto beneficio económico, pero, sobre todo, emocional.






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