DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA

Fecha y hora de impresión: 09-08-2020 | 11:56:47 horas


Pide Defensoría garantizar seguridad en Cuilapam
Boletín 085 | 2019-05-31



· El órgano autónomo requirió la intervención de Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía para que investigue los delitos que pudieran haberse cometido



La Defensoría de los Derechos Humano del Pueblo de Oaxaca solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública garantizar la integridad física de la población y la paz social en terrenos de Cuilapam de Guerrero, luego de que se registrará un hecho violento.



El organismo defensor inició el cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/303/(01)/OAX/2019, tras la información difundida por diversos medios sobre una agresión armada en los parajes conocidos como San Juan de Dios, El Mortero y Derrumbadero, pertenecientes a Cuilapam de Guerrero ocurrido la mañana de este 31 de mayo.



La institución autónoma pidió a la Secretaría de Seguridad Pública la adopción de una medida cautelar para que elementos de la Policía Estatal brinden seguridad en la zona con el objetivo de salvaguardar la integridad de los transeúntes y vecinos del lugar.



Así también, solicitó a la Fiscalía General del Estado que inicie las investigaciones correspondientes ante la posible comisión de delitos, además que en las carpetas de investigación se dicten medidas de protección a favor de las personas afectadas y se les reconozca su calidad de víctimas.



La Defensoría insistió en que la justicia y la seguridad humana son conceptos inseparables de los derechos humanos, porque para poder ejercerlos plenamente es necesario que el Estado cuente con instituciones fuertes que puedan garantizar su acceso y protejan la dignidad de las personas.



El órgano autónomo resaltó que es obligación indeclinable del Estado garantizar la seguridad pública, lo que implica el combate y prevención de la violencia social, ya que ésta genera violaciones a derechos humanos, tales como el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad.



Por ello, el Estado debe contar con políticas públicas de seguridad que prevengan la violencia, pero desde un enfoque en el que se priorice la protección a la dignidad humana, además que ayuden a resolver las causas de la inseguridad y la violencia, como por ejemplo la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades de desarrollo.