De izquierda a derecha, Adalberto Méndez López, el moderador, Nadia Sierra Campos y Sergio Méndez Silva en el panel de especialistas del seminario “Hacia el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad”, realizado en la De
En el país tenemos una gran deuda para con las personas con discapacidad: especialista
 Boletín 480 | 18-10-2016 | 09:11:14

· Concluye seminario sobre capacidad jurídica de las personas con discapacidad, organizado por la DDHPO

· Estado debe reconocer y garantizar el respeto a todos los DH



En el país tenemos una gran deuda para con las personas con discapacidad, no sólo en el reconocimiento de su capacidad jurídica, sino también por garantizarles el disfrute de ésta, manifestó la asesora de la dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nadia Sierra Campos, durante su participación en el seminario “Hacia el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad”.



Al participar en esta actividad organizada por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Sierra Campos puntualizó que mientras no se establezca la perspectiva de derechos humanos que permee las políticas públicas, así como el trabajo judicial, no se terminará de realizar el mecanismo completo o integral que permita a las personas con discapacidad acceder y ejercer todos sus derechos.



Para ello, expuso que es importante tener una educación en derechos humanos que integre a toda la población con sus distintas particularidades, es decir, a personas con discapacidad, población indígena, niñas, niños, adolescentes, personas adultas, migrantes, entre otras, pues se debe cambiar la visión de los derechos humanos.





La Defensoría del Pueblo de Oaxaca concluyó el 14 de octubre último el seminario “Hacia el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad”, actividad que tuvo el objetivo de analizar, reflexionar y proponer acciones que permitan garantizar el ejercicio y respeto de la voluntad, autonomía, independencia y vida en comunidad de las personas en esa condición.



Como parte de la estrategia para el fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos en el estado de Oaxaca, la Defensoría realizó este proceso de formación los días 13 y 14 de octubre en la sede de su Coordinación General para el Fortalecimiento de la Cultura de los Derechos Humanos, ubicada en Arteaga 414, en el centro histórico de la capital oaxaqueña.



Durante la clausura del citado seminario se llevó a cabo el panel de expertos sobre “Las salvaguardias y mecanismos para la atención de la capacidad jurídica”, en el cual participaron, además de la asesora Sierra Campos, el cofundador de Justicia Pro Persona A. C., abogado Sergio Méndez Silva, y el director de Atención a la Discapacidad del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Adalberto Méndez López, alojado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



Al intervenir en este panel, Méndez López puntualizó que la sociedad civil y los organismos públicos de derechos humanos tienen que trabajar en la capacitación constante sobre derechos humanos. Agregó que en el país el tema de las personas con discapacidad no es un tema presupuestal, sino de voluntad política, pues mientras no exista voluntad de los actores el cambio en la materia no será posible.



Finalmente, Méndez Silva señaló que el tema de la capacidad jurídica es saber reconocer la voluntad de las personas con discapacidad para tomar decisiones y que ésta se respete, pues aún no hemos terminado de entender lo que significa que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y que tienen que ejercerlos de manera directa, libre, con autonomía, así como entender su independencia.



En la organización de esta actividad, además de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca y la CNDH, participaron también la asociación civil CAI-Piña Palmera, la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Permanente de Igualdad de Género del Congreso del estado y la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del gobierno estatal.


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