Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
Desarrolla Defensoría proyecto estratégico con Unión Europea en municipios del Istmo
 Boletín 471 | 26-09-2016 | 16:16:34

· Busca Defensoría con programa disminuir violaciones a DH en la región

· Busca mejorar servicio y políticas públicas en materia de seguridad y salud

· Aporta UE 50% del financiamiento; el resto son recursos de la Defensoría



La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca informó de los avances del proyecto estratégico denominado Programa Laboratorio Cohesión Social II, el cual se desarrolla en colaboración con la Unión Europea (UE) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid).



Durante la sesión pública del Consejo Ciudadano de la Defensoría realizada el 23 de septiembre último, la coordinadora del proyecto, Diana Alva Pazarán, informó que el plan se desarrolla en 10 municipios de la región del Istmo de Tehuantepec, con el objetivo de fortalecer la cohesión social y promover la resolución pacífica de conflictos en esa zona.



Ante el Defensor Arturo Peimbert Calvo, las consejeras ciudadanas Sara Pilar Méndez Morales, María Eugenia Mata García y Martha Julia Avendaño, así como los consejeros Bernardo Rodríguez Alamilla, Pedro Matías Arrazola y Héctor Lorenzo Estrada, Alva Pazarán explicó que la Defensoría decidió ejecutar este proyecto en el istmo de Tehuantepec debido a que la región tiene el segundo lugar en quejas por posibles violaciones a derechos humanos.



Alva Pazarán detalló que los municipios en los que se trabaja son Ciudad Ixtepec, Asunción Ixtaltepec, San Juan Lachiguiri, Juchitán de Zaragoza, Unión Hidalgo, Santa María Xadani, Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz, San Blas Atempa y Magdalena Tequisistlán, en donde se colabora con autoridades y policías municipales.



Durante su intervención, la directora de la unidad de gestión del programa señaló que la Defensoría había considerado integrar a este proyecto al municipio de Guevea de Humboltd, pero debido a que allí faltan condiciones de seguridad a causa de un conflicto postelectoral, fue necesario aplicar esta parte del programa en San Juan Lachiguiri.



La directora del proyecto destacó que a la fecha la Defensoría ha realizado dos diagnósticos en los municipios, uno enfocado a la materia de seguridad pública, y el segundo, a los servicios de salud de los municipios, con el fin de determinar su estado respecto a los estándares de derechos humanos.



Al rendir su informe, Alva Pazarán dijo que este proyecto durara 25 meses, durante los cuales se prevé ejercer parte de la inversión conjunta de la Unión Europea y la Defensoría. Especificó que a 12 meses de haber comenzado el programa, se han destinado recursos para fortalecer las oficinas regionales de la Defensoría en el Istmo, contratando más personal y adquiriendo mobiliario.



Puntualizó que la inversión en este proyecto se realizará en forma equitativa, tanto por la Defensoría como por parte de la Unión Europea, pues cada parte aportará un 50 por ciento del total de los recursos requeridos.



Enfatizó que el objetivo de este trabajo conjunto con la Unión Europea es fortalecer la cohesión social por medio de políticas públicas y prácticas institucionales que mejoren el acceso a servicios básicos de calidad, a la justicia y el ejercicio de los derechos humanos mediante el mejoramiento del desempeño de la función pública.



Alva Pazarán recalcó que la Defensoría enfoca sus esfuerzos en difundir, promover y defender los derechos humanos, de manera fundamental mediante el trabajo de sensibilización que está realizando con autoridades y policías municipales, así como con los servidores públicos de salud de la región del Istmo.



Indicó que este proyecto permitirá aumentar la participación de la ciudadanía en la defensa y protección de los derechos humanos en las comunidades, pues como parte del proyecto se organizará un comité comunitario de defensores de derechos humanos.



Finalmente, comentó que en este proyecto interviene también la Amexcid como parte del convenio de financiación denominado firmado entre la Unión Europea y México en noviembre de 2013, cuyo objetivo es promover la elaboración de políticas públicas y programas institucionales que garanticen los derechos humanos mediante el mejoramiento del acceso a servicios públicos de calidad.


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