Defensoría del Pueblo de Oaxaca
Pide Defensoría respetar derechos de vecino de Huautla cuyo terreno empleó el ayuntamiento como tiradero
 Boletín 422 | 02-06-2016 | 16:59:34

· Presidencia municipal construyó basurero en propiedad ajena

· Pide organismo defensor reparación del daño para propietario



La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca acreditó que el ayuntamiento de Huautla de Jiménez realizó sin causa justificada la construcción de un basurero en un predio que es propiedad privada de un vecino de la zona.



Por esta causa, la institución defensora demandó al presidente municipal de Huautla de Jiménez respetar el convenio por el cual dicha autoridad reconoció la infracción y se comprometió a reparar al daño al ciudadano R. C. P., quien acreditó ser titular del predio afectado.



En el expediente DDHPO/23/RSM/(22)/OAX/2014, la Defensoría señaló que el presidente municipal de Huautla de Jiménez, pretextando diversas gestiones improcedentes, no ha cumplido la sentencia confirmada por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado que obliga al ayuntamiento de ese municipio a resarcir el daño al propietario R. C. P.



El organismo defensor consideró que los pretextos aducidos por el primer edil de Huautla de Jiménez tuvieron el fin de no cumplir con la sentencia del tribunal y que las instancias que conocieron del asunto se olvidaran del trámite por los daños al medio ambiente que esa autoridad pudo haber cometido en colusión con un particular, en jurisdicción del municipio de Santa Cruz Ecatepec, Teotitlán, en el predio propiedad del agraviado.



La Defensoría determinó que el presidente municipal de Huautla de Jiménez violó lo previsto en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al no respetar el derecho del agraviado R. C. P. al uso y goce de su propiedad, ya que ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social.



Además –indica el organismo autónomo–, el edil de Huautla violó lo previsto en el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, al vulnerar el derecho a un medio ambiente sano, pues no existe constancia de que realizara los estudios correspondientes para no afectar al medio ambiente, los mantos acuíferos y la fauna de la zona donde construyó el basurero.



La Defensoría también estableció que el funcionario municipal dejó asimismo de atender lo establecido en el artículo 1 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, el cual marca que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”.



El organismo público señaló que el presidente municipal de Huautla de Jiménez violó asimismo lo que dicta el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a las autoridades a “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley”.



Por las violaciones a derechos humanos cometidas por el edil, la Defensoría solicitó la colaboración de la delegación estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional Forestal para que investiguen a los munícipes de Huautla de Jiménez y de Santa Cruz Acatepec por la omisión y la permisión de construir un tiradero municipal irregular.



La institución defensora también solicitó la colaboración de la Fiscalía General del estado para que inicie la averiguación previa contra el presidente municipal de Huautla de Jiménez y el ciudadano C. F. B. por los daños cometidos en la propiedad del agraviado R. C. P. Similar investigación sobre ambos señalados se solicitó al Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable por los daños que pudieran haber ocasionado al medio ambiente.


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